Según ha podido saber Europa Press, el grupo sanitario denunciaba en su querella que Almiñana, en octubre, al parecer dictó una resolución que ampliaba el plazo para presentar ofertas en una licitación pública dos días después de haber vencido dicho plazo.

En concreto, hacía referencia a un concurso publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 7 de septiembre, convocado desde la Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera y con fecha límite el 6 de octubre.

Según denuncia el grupo, dos días después del vencimiento y tras varias rectificaciones de errores en el concurso, a fecha 8 de octubre la subsecretaria publica una nueva resolución en la que se concede un nuevo plazo "de manera sorprendente y absolutamente injustificada", esta vez para el 5 de noviembre.

El grupo considera que esta resolución es "contraria al Ordenamiento Jurídico, que no permite ampliar un plazo ya vencido", y vulnera los principios que deben regir en una contratación pública, como son el de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores.

En este contexto, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, en un auto fechado a 6 de noviembre al que ha tenido acceso Europa Press, ha admitido a trámite esta querella al apreciar que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa. En el auto, contra el que cabe recurso, la jueza cita a declarar en calidad de investigada a Mónica Almiñana.