El Juzgado de Instrucción número 9 de València ha abierto juicio oral contra el director general de Política Lingüística y Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, por las ayudas al fomento del valenciano concedidas en 2015 y 2016 a dos empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig.

Así consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado adopta esta decisión después de que recientemente la Audiencia ordenara seguir el procedimiento contra Trenzano tras desestimar el recurso que presentó contra su procesamiento.

Trenzano se sentará en el banquillo acusado por la acusación particular, el PPCV, ya que Fiscalía solicita el sobreseimiento. El juez estima que de lo actuado se desprenden "méritos suficientes" para seguir adelante con el procedimiento.

De esta forma, abre juicio oral contra Trenzano ante un juzgado de lo Penal y ordena trasladar la causa al ministerio fiscal para que, en el plazo de tres días, formule escrito de conclusiones. Y también a la defensa del alto cargo valenciano para que presente su defensa.

La causa surgió a raíz de una denuncia de la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relación a la presunta falsedad en algunas de las manifestaciones contenidas en un documento emitido en abril de 2018 por la Dirección General dirigida por Trenzano sobre las ayudas al fomento del valenciano.

En concreto, en el escrito se denunciaba que el director general había faltado a la verdad al afirmar que las empresas valencianas nombradas y beneficiarias de una subvención en 2015 y 2016 de ayudas al valenciano "presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias".

Inicialmente, el juzgado acordó el sobreseimiento de la causa al entender que correspondía al ámbito contencioso-administrativo y no ver indicios de ilícito penal, pero la Audiencia revocó esa decisión y acordó continuar el procedimiento para poder determinar, no solo los contenidos del documento, sino "principalmente, las intenciones y voluntad del denunciado" a la hora de emitirlo.

Así, el juzgado acabó acordando este verano el procesamiento de Trenzano tras tener en cuenta, entre otras cosas, las declaraciones de un funcionario jefe de sección que dijo que en las subvenciones de esos años no hubo plan de control por varios motivos, como una enfermedad con baja médica suya, cambio del procedimiento de tramitación de subvenciones durante la anualidad 2016 o problemas técnicos.

Asimismo, declaró que esos dos expedientes no se controlaron hasta 2018 "porque no había nada que les hiciera dudar y no habían salido en el sorteo, aplicando el sistema aleatorio" de control. Y el realizado en 2018 supuso la conformidad y legalidad de las subvenciones concedidas.

Contra el auto de procesamiento apelaron tanto Rubén Trenzano como la Fiscalía. Tras ello, la Audiencia desestimó las alegaciones y ordenó seguir procedimiento. Ahora se ha abierto juicio oral. La acusación 'popular' reclama seis años de prisión para el acusado.

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