Puig, que ha remarcado que "estamos en una emergencia sanitaria, en una emergencia económica y una emergencia social, por lo que es fundamental que la respuesta que demos también sea de emergencia".

Así se ha manifestado Puig en relación a la enmienda presentada por los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes que respaldan al Consell, que introducirá una nueva disposición adicional en la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.

El 'president' de la Generalitat ha subrayado que en sus intervenciones en las Conferencias de Presidentes que se han celebrado a lo largo de los últimos meses con motivo de la emergencia sanitaria, ha planteado "de forma reiterada" la importancia de "superar las barreras burocráticas y los cuellos de botella que hay en la Administración".

"Llevamos toda la semana manteniendo contactos con las distintas entidades empresariales para trabajar en esta dirección", ha comentado Puig, que ha añadido: "Necesitamos gestión, apretar el acelerador y ejecutar mayoritariamente las actuaciones de los planes de reparación entre los años 2021 y 2023; y para ello es preciso contar con mecanismos más ágiles para tramitar los contratos".

El responsable del Consell ha defendido que el Gobierno "ha tomado medidas en esta dirección", con el anuncio de la tramitación de un real decreto destinado a modificar la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Subvenciones y la Ley de Procedimiento Administrativo. "Pero era necesario contar con un procedimiento similar desde la perspectiva de la Comunitat Valenciana", ha subrayado Puig.

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Entre las acciones que se verán beneficiadas por la agilización de los contratos se encuentran las 400 actuaciones incluidas en la Estrategia Valenciana de Recuperación que, con un presupuesto global de 21.000 millones de euros, incorpora las medidas pactadas en los acuerdos 'Alcem-nos' con los agentes sociales, institucionales y los grupos políticos, y contempla iniciativas relacionadas con el cuidado de las personas y la inclusión social, el empleo, el conocimiento y la investigación, la transición ecológica y la cohesión territorial, la resiliencia económica y la transformación digital y la Administración eficiente.