Los hechos se iniciaron en el mes de julio de 2019, a raíz de la denuncia presentada por un particular al que le habían estafado tras solicitar la obtención del permiso de conducir por medio de un anuncio en una página de internet, ha informado el Instituto Armado en un comunicado. Aparentemente, el permiso de conducir estaría validado, legal y directamente, sin necesidad de realizar el examen o, en el caso de hacerlo, el resultado siempre sería de apto.

Para realizar el trámite era necesario mandar una fotocopia del DNI, dos fotografías, un papel en blanco con su firma e ingresar una cantidad de dinero que podía ascender hasta los 2.300 euros.

Todas las comunicaciones se realizaban a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea con una persona que decía residir en Telde (Las Palmas). Sin embargo, cuando el permiso de conducir tardaba en llegar, las llamadas eran atendidas por su "jefe".

Dicha persona les tranquilizaba y aseguraba que el trámite "seguía su curso legal", aunque "con ciertas dificultades porque la aduana había retenido ciertos documentos" y que "había que pagar más dinero para desbloquearlos".

Los ingresos de dinero siempre se realizaban a dos cuentas bancarias, mediante transferencias o cajeros automáticos, sin que apareciera en ellos ninguna referencia sobre la identidad, con la intención de dificultar la investigación policial. Cuando las víctimas se daban cuenta de la estafa, ya era tarde para recuperar el dinero.

Después de numerosos análisis de cuentas bancarias y documentación, los investigadores de la Guardia Civil determinaron que detrás de la estafa existía una estructura delictiva perfectamente delimitada, formada por seis personas. Cinco de ellas, residentes en Telde (Gran Canaria), y otra en la Línea de la Concepción (Cádiz).

CANTIDADES ENTRE LOS 800 Y LOS 3.000 EUROS

Asimismo, los agentes han detectado más de 600 anuncios de contenido similar en los que anunciaban sus servicios. Los detenidos e investigados utilizaron 200 direcciones de correo electrónico diferentes, también con la finalidad de desviar la acción policial y dejar el menor rastro posible.

La cifra de perjudicados asciende a más de cuarenta personas, por el momento, las cuales habrían ingresado cantidades que oscilaban entre los 800 y los 3.000 euros, sumando todo ello un total de 50.000 euros.

La investigación continúa abierta, a expensas de la aparición de nuevas víctimas. Esta operación ha sido dirigida por el Equipo Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), en colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas (Gran Canaria) y del Equipo Territorial de San Roque-La Línea, de la Comandancia de Algeciras (Cádiz).

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