El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó el jueves ratificar las restricciones impuestas hace una semana por orden del Ministerio de Sanidad español para contener el creciente número de contagios de COVID-19 en la capital española y nueve ciudades de su alrededor.

El TSJM basó su decisión en que las restricciones de movimiento adoptadas chocan directamente con los derechos y libertades fundamentales de las personas, recordando que la Constitución tiene instrumentos jurídicos que sí ampararían estas limitaciones a la movilidad.

“Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho”, señala el auto del tribunal regional.

Para el confinamiento del conjunto de país a mediados de marzo, el Gobierno central declaró el estado de alarma, que estuvo en vigor hasta finales de junio.

El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, que se encontraba compareciendo en una comisión parlamentaria cuando se conoció la decisión del tribunal madrileño, dijo que el Gobierno seguiría actuando para proteger la salud de los ciudadanos y convocó una reunión urgente con la Comunidad de Madrid.

“Adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud. Estamos seguros de que la Comunidad de Madrid coincidirá con este planteamiento. Nos importa muy poco, nada, cualquier otra cosa que no sea la salud de los ciudadanos”, afirmó.

La decisión judicial se produce apenas una semana después de comenzar unas restricciones que fueron recurridas por el gobierno regional de Madrid ante los temores sobre su impacto económico.

Contra el fallo del TSJM cabe recurso ante el mismo tribunal en el plazo de cinco días.

La región de Madrid tiene una incidencia del coronavirus de 741 casos por cada 100.000 habitantes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que le convierte en el segundo peor foco de Europa después de Andorra.

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