El tribunal de la Audiencia de Alicante que juzgará el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, una de las ramas del 'caso Brugal', acepta el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y el promotor procesado Ramón Salvador por el que este asume que, en 2009, pagó 100.000 euros más IVA (116.000) para que unos terrenos de su propiedad volviesen a ser urbanizables en el nuevo planeamiento de la ciudad.

Así, este promotor ilicitano acepta una pena de tres meses de cárcel como responsable de un delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos.

En virtud de ese pacto, firmado el pasado día 7, la pena privativa de libertad quedaría en suspenso durante dos años tras el pago de una multa de 14.500 euros más los intereses legales.

El tribunal da validez ahora ese acuerdo, en una providencia comunicada este martes, pero, sin embargo, difiere la formulación de sentencia condenatoria para Salvador hasta el momento de finalización del juicio, sin llegar a dictar en este momento una resolución parcial solo para el promotor.

En concreto, a través del pacto de conformidad suscrito por Salvador, el constructor ilicitano acepta que abonó los 116.000 euros en dos entregas de 58.000 euros al bufete Salvetti Abogados, gestionado por Gutiérrez y Castedo.

Tras ese pago, Salvetti Abogados presentó una alegación al documento urbanístico en fase de revisión con el propósito de que el suelo propiedad de Salvador mantuviese la condición de suelo urbanizable que había tenido hasta 2008, cuando se produjo una primera exposición al público de la revisión del PGOU, trazada por el arquitecto Jesús Quesada.

El pacto detalla que la alegación surtió efecto, de modo que los terrenos propiedad de Salvador, situados en el Pla de Xirau, al norte del término municipal, volvieron a ser urbanizables.

El juicio sentará en el banquillo de los acusados a los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por, presuntamente, beneficiar al empresario Enrique Ortiz (también procesado en esta causa) en el diseño urbanístico de la ciudad a cambio de supuestas dádivas.

La causa se dirige también contra otros seis investigados, entre los que figuran el ya citado Ramón Salvador y los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa) como titulares del bufete Salvetti Abogados, además de otros tres trabajadores de las empresas de Ortiz.

El proceso se desarrollará entre los meses de septiembre y noviembre de este año, tras dos primeras sesiones iniciales señaladas para el 30 de junio y el 7 de julio.
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